Antes de comenzar a analizar las últimas estadísticas de este gran país, vamos a hacer un ligero resumen de su historia de los últimos 100 años.

El imperio chino cayó en 1911 y a partir del año siguiente se implantó la república. De todas maneras, los primeros años de ésta fueron muy desordenados. Ya en la década del veinte se fueron imponiendo dos tendencias: la de los nacionalistas liderados por Chiang Kai-Shek (con el gobierno de Kuomintang) y la del partido comunista liderado por Mao Sedong. A comienzos de la década del treinta gran parte de China (Manchuria) fue invadida por los japoneses y a esto siguió la guerra para la liberación y la segunda guerra mundial. Al término de esta última las fuerzas armadas de Chiang Kai-Shek estaban agotadas y en la lucha que se libró con las tropas de Mao estas últimas terminaron imponiéndose. Chiang Kai-Shek se tuvo que ir y se refugió en la isla de Formosa (Taiwán) y a partir de 1949 Mao proclamó la República Popular de China.

Bajo la dirección de Mao, y tras una breve etapa de recuperación, el país vivió reformas importantes que terminaron en fuertes crisis. Las dos más importantes fueron el famoso Salto Adelante, desde 1958, que consistió en una colectivización forzada del campo. Esta reforma partió de la creencia de Mao de que sobraba mano de obra en el campo de China y es por ello que impulsó la creación de las llamadas ‘comunas populares’ donde esa mano de obra sobrante iba a dedicarse a la producción de artículos diversos y a obras de infraestructura. Millones de personas (probablemente, alrededor de varios centenares de millones), fueron trasladadas desde la zona rural previéndose que serían alimentadas por un excedente de cosechas que nunca existió. Las víctimas que ocasionó esta experiencia se estiman entre 30 a 50 millones de personas.

No se había rehabilitado China de esta experiencia, y el gobierno de Mao llevó a cabo a mediados de la década del ’60 la llamada ‘revolución cultural’ que trajo consigo un gran desorden social, también con innumerables muertes.

Tras la muerte de Mao en 1976, el país fue dirigido primero por Hua Guafeng y a partir de 1978 por Deng Xiaoping. En el período de este último se realizaron reformas estructurales importantes que se han ido completando en los últimos tiempos por sus sucesores.

Aunque el Estado conserva su función planificadora, bajo la dirección del Partido Comunista, a partir de los años ochenta se comenzó a fomentar la creación de empresas privadas alentando el ingreso del capital extranjero. El sistema de comunas lanzado por Mao en 1958 fue desmantelado progresivamente y los campesinos tuvieron más libertad para administrar las superficies que usufructuaban, a pesar que la tierra seguía siendo colectiva.

La producción agrícola comenzó a crecer a una tasa elevada y hoy China produce alrededor de 562 millones de toneladas de granos. Las importaciones son pequeñas, en algunos  tipos de granos, salvo soja de la que sigue importando cerca de 60 millones de toneladas anuales. El consumo de carne, especialmente porcina y de ave, ha pasado de pocos kilos hace 30 años a alrededor de 60 kilos per cápita en la actualidad.

A partir de 2007 la propiedad privada en los centros urbanos se garantizó al mismo nivel que la propiedad pública y comenzó a liberarse el derecho de usufructo en las tierras del campo a tal punto que hoy dicho derecho puede venderse.

El crecimiento económico se desarrolló fuertemente en la zona costera y en las grandes ciudades, como Beijing, Shanghai y otras y hoy se puede decir que se ha creado una China dual: por un lado la de la zona costera con un nivel de vida que se puede considerar aceptable para una parte importante de la población y que está ligada fuertemente a la iniciativa privada, y por el otro un sector del interior más atrasado en una relación de 3 a 1 en relación al primero.

¿Se puede sostener que el crecimiento de la primera economía está determinado por el capitalismo mientras el socialismo sigue siendo el contrapeso del sistema? No lo creemos. Nos parece que en muchos aspectos ha habido una integración efectiva entre la economía de mercado y la planificación, aunque el régimen político imperante sigue estando todavía muy alejado de las aspiraciones de ‘libertad’ existentes en Occidente. Recordemos a este respecto que la ‘libertad económica’ tiene poco sentido si no va acompañada de la libertad política.

Entre los costos que hubo que pagar por el gran desarrollo económico, tenemos que mencionar los problemas ambientales que son muchos y que en gran medida se deben al uso del carbón como principal insumo para la producción de electricidad (en los últimos tiempos se ha inaugurado una central térmica a carbón cada semana. Está prevista la construcción de 500 centrales térmicas a carbón para los próximos años igual que una cantidad apreciable de centrales nucleares).

La construcción de obras inmensas, como la gran represa de ‘Tres Gargantas’, más allá de los beneficios en la producción de energía eléctrica y en la navegación que producen, han sido cuestionadas especialmente por los problemas ambientales que generan. La mencionada represa se levanta a orillas de la ciudad de Chiang, en la provincia de Hubei, sobre el río Yangtze. El embalse lleva el nombre de Sandouping y almacena 39,3 miles de hm3. Cuenta con 32 turbinas de 700 MW cada una, 14 instaladas en el lado norte de la presa, 12 en el lado sur y seis más subterráneas, totalizando una potencia de 22,5 gigavatios (GW), el doble que Itaipú y casi un 80% de la capacidad energética de nuestro país por todo concepto. En los planes originales se preveía que la represa proveería el 10% de la demanda de energía de China, sin embargo el crecimiento de esa demanda ha sido mayor a lo esperado y actualmente cubre alrededor del 2,5% de capacidad energética del  país. Se estima que la capacidad total de China llega a un millón de MW y es ligeramente superada por la de Estados Unidos.

La población de China llega a alrededor de 1.350 millones de personas, creciendo en aproximadamente 6 millones por año. Se estima que dentro de doce años (en el 2025) la población va a llegar a alrededor de 1.480 millones de habitantes y que a partir de allí va a comenzar una disminución para llegar a mitad de siglo a 1.450 millones.

La urbanización de China llegó al 52%, lo que nos muestra que la población residente en los centros urbanos supera a la población que habita en la zona rural.

China se considera una nación multiétnica, con 56 etnias. El 91% pertenece a la etnia Han. Tendiendo a limitar la población se ha adoptado hace años una política que limita las familias urbanas a un sólo niño y las rurales a dos cuando el primero es una niña.

Veamos ahora más específicamente alguna información sobre las medidas tomadas recientemente con respecto al derecho de propiedad.

En marzo de 2007 la Asamblea Nacional Popular (ANP) había aprobado por un amplio margen la ley más discutida de su historia, que reconoce por primera vez la propiedad privada y equipara su protección a la de la pública y la colectiva.

En la última jornada de la sesión anual de la ANP, sus 2.888 integrantes dieron el visto bueno a la Ley sobre la Propiedad Privada por 2799 votos a favor, 37 abstenciones y 52 en contra. Además de la histórica ley, que llevaba 13 años debatiéndose, los diputados aprobaron la nueva ley de impuesto unificado, que sube las tasas que deben pagar las compañías extranjeras y las equipara a las chinas (25%).

Entre sus 247 artículos, la ley establece que «todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella».

La versión oficial pretende, por un lado, proteger al sector privado, que aporta ya más de la mitad de la riqueza nacional (por lo menos el 67% del PBI), y por el otro acabar con las frecuentes y protestadas expropiaciones en el medio rural, convertidas en un peligroso factor de inestabilidad para el país.

Según sus partidarios, la ley muestra el espíritu de la reforma y la apertura en China, protegiendo el orden de la economía de mercado socialista y otorgando igual protección a la propiedad privada y pública.

Pero a esas reformas que mejoraban el orden de la economía en forma general faltaban todavía agregar algunas reformas para el sector rural. Con las reformas que se llevan a cabo ahora, los campesinos podrán liberarse de sus ataduras al suelo vendiendo, alquilando o hipotecando el derecho de uso de sus tierras que seguirán siendo propiedad de las colectividades locales.

En los últimos meses el gobierno chino aprobó una serie de reformas sobre el sistema de gestión de la tierra que algunos estiman que tendrá consecuencias importantes en el desarrollo agrícola. En 1979 se habían llevado a cabo reformas tendientes a permitir una mayor productividad del campo. Entre esas reformas, la más importante era permitirles a los campesinos el uso de la tierra por largos períodos (15 años o más) mientras el Estado, a través de las colectividades locales, mantenía la propiedad de la misma. Esas medidas habían mantenido un fraccionamiento de las unidades de producción que en promedio estaban en alrededor de 0,65 hectáreas.

En los últimos años el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) fijó nuevas normas que fueron definidas en un documento aprobado en una sesión plenaria el 12 de octubre de 2008. El documento, titulado «Decisión sobre algunos Importantes Problemas Relacionados con el Avance de la Reforma y el Desarrollo Rurales».

China cuenta con un sistema dual de gestión del suelo, según el cual la propiedad es independiente del derecho de uso. La tierra pertenece al Estado -caso, normalmente, de las zonas urbanas- o a las colectividades rurales, en el caso del campo. Estas colectividades están integradas por un pueblo o un conjunto de pueblos, que distribuyen la tierra a sus habitantes, ya sea para cultivo o residencia.

Pero después de tres décadas, durante las cuales las zonas rurales han progresado a ritmo mucho menor que las urbanas, el Gobierno considera que el sistema impedía elevar el nivel de vida en el campo y aumentar la productividad de las explotaciones, debido a su pequeño tamaño. Es por ello que se autorizó la venta del usufructo en las tierras rurales.

Con la finalidad de aplacar los temores en relación a que la nueva política podría provocar la aparición de terratenientes y campesinos sin tierras que no tendrían medios para ganarse la vida junto con la amenaza para la seguridad alimentaria del país (por destinar campos de cultivo a actividades no agrícolas), en el documento se indicó que el país llevará acabo un riguroso sistema de protección de tierras de labranza, garantizando un cultivo mínimo establecido en 1.800 millones de mus (120 millones de hectáreas).

Según sus partidarios, la ley muestra el espíritu de la reforma y la apertura en China, protegiendo el orden de la economía de mercado socialista y otorgando igual protección a la propiedad privada y pública.

Con las reformas que se llevan a cabo ahora, los campesinos podrán liberarse de sus ataduras al suelo vendiendo, alquilando o hipotecando el derecho de uso de sus tierras, que como hemos manifestado, seguirán siendo propiedad de las colectividades locales.

Según algunos expertos sobre China «la medida acelerará el proceso de urbanización, ya que favorecerá la emigración de los habitantes del campo a las ciudades y promoverá la creación de grandes propiedades modernas en las zonas rurales» (Dang Guoyeng, investigador de la Academia de Ciencias Sociales).

Pero lo anterior tiene sus dificultades, dado que «a falta de una reforma en profundidad del sistema de registro de residencia en vigor, conocido como hukou, los emigrantes seguirán teniendo problemas para instalarse en sus nuevos destinos, ya que la ausencia de hukou urbano dificulta el acceso de los hijos a la educación y a determinados servicios sociales. Además, algunos expertos temen que la iniciativa conduzca a la concentración de la tierra en manos de unos pocos» (José Reinoso, «China lanza una gran reforma agraria», el País, 10 de octubre 2008).

Probablemente, aquellos que alquilen o compren el derecho al uso de la tierra reunirán un número de explotaciones familiares y la unidad productiva, mucho más grande, será más eficiente que las actuales unidades.

Quizás algunos vayan a comparar la experiencia actual, según las nuevas reformas, y la del fracasado ‘Salto Adelante’ de fines de los ’50. El propósito de ambos emprendimientos parecería ser el mismo: convertir millones de pequeñas unidades de 0,65 hectáreas en varias decenas de unidades mayores de alrededor de 5.000 hectáreas en el caso del ‘Salto Adelante’ y en unidades mayores en el caso actual. Pero la gran diferencia es la libertad. En la década del ’50 se llevó a cabo una experiencia totalitaria donde varios centenares de millones de productores fueron forzados a integrar las ‘comunas’. Ahora, libremente, los productores podrán vender o alquilar el derecho al uso de la tierra. El productor no está obligado a hacerlo y si lo lleva a cabo es porque le conviene. El ‘pool’ de producción que se forme sólo se constituirá si la productividad es mayor que la que se obtenía anteriormente en forma individual.