Editorial

El Plan de Asuntos Públicos de la Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Rosario
La Mesa Ejecutiva de la Bolsa de Comercio de Rosario ha definido un conjunto de temas estra-tégicos para el campo argentino y la agroindustria, con el objetivo de que los mismos puedan ser tratados y debatidos con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, otras or-ganizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros; en el convencimiento de que la bús-queda de consensos y una óptima complementación público-privada es el camino más conve-niente y razonable para generar las decisiones estratégicas que van a permitir potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país.


En un año electoral como el actual, este documento también será entregado a los candidatos a cargos electivos, en un humilde aporte de la Institución para profundizar y mejorar el debate sobre las futuras políticas públicas para el sector, su eficacia y eficiencia.

El documento también resalta algunas acciones, actividades y servicios que prestan la Bolsa de Comercio de Rosario, los mercados y las entidades adheridos a la BCR, en pos de un eficiente funcionamiento del sistema agropecuario y financiero argentino, y a la economía en general. Tal es el caso de los nuevos instrumentos digitales para el financiamiento a las PYMES en el mercado de capitales, el pleno apoyo a la fusión MATBA-ROFEX, el Programa de Innovación Abierta en AgTech y el de Energías Renovables. Existen otras áreas que no están dentro del documento, pero que, a través de sus servicios son presencia permanente de la BCR en la búsqueda por ser una región y un país cada vez más competitivo. De entre ellas, por sólo nombrar a algunos, se encuentran la Cámara Arbitral de Cereales, el Complejo de Laboratorios, CONFIRMA y Registración de Contratos, Capacitación, Servicios Electrónicos, Informaciones y Estudios Económicos, GEA – Guía Estratégica para el Agro, el área de Desarrollo de Mercado de Capitales, Comisión de Transporte y la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario.

1.EFECTOS SOBRE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS ARGENTINAS EN CASO DE TRANSFORMACIÓN DE MERCOSUR EN ZONA DE LIBRE COMERCIO Y APERTURA DE ACUERDOS BILATERALES POR PARTE DE BRASIL
2.LA DISPUTA COMERCIAL ENTRE CHINA Y EE.UU. Y SU INFLUENCIA SOBRE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS ARGENTINAS.
3.EL EFECTO DEL ESCALONAMIENTO ARANCELARIO SOBRE LA AGROINDUSTRIA PROCESADORA DE OLEAGINOSAS.
4.VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y SU EFECTO SOBRE LOS RESULTADOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS. INSTRUMENTOS PARA GESTIONAR EL RIESGO PRODUCTIVO (SEGUROS MULTIRIESGOS O PARAMÉTRICOS, DERIVADOS CLIMÁTICOS, ETC.).
5.INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE E INVERSIONES
A.NECESIDAD DE AVANZAR EN LA FUTURA REGLAMENTACIÓN DE OPEN ACCESS EN FERROCARRILES DE CARGA
B.VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL DESDE PUERTO SANTA FE AL RÍO DE LA PLATA
C.MEJORAMIENTO DE LA RED CAMINERA SECUNDARIA Y RURAL
6.SANCIÓN DE UNA NUEVA LEY DE SEMILLAS
7.MODIFICACIÓN DE LA LEY DE WARRANTS
8.LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ACORDADAS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO.
9.HACIA UN PERFIL MÁS TECNOLÓGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO. LA DIGITALIZACIÓN EN EL AGRO Y EL PROYECTO DE INNOVACIÓN ABIERTA DE LA BCR EN AGTECH.
10.FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN EL MERCADO DE CAPITALES (CHEQUES DIGITALES, PAGARÉS DIGITALES, FACTURAS ELECTRÓNICAS).
11.FUSIÓN MATBA – ROFEX. IMPORTANCIA PARA EL MERCADO DE CAPITALES ARGENTINO.
12.ENERGÍAS RENOVABLES Y LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGÍA.
13.EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN IMPOSITIVA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. PROYECTOS DE INCENTIVOS FISCALES, SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA, EFECTOS DE LA INFLACIÓN, REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA Y GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.


1. Efectos sobre las exportaciones agropecuarias argentinas en caso de transformación de MERCOSUR en zona de libre comercio y apertura de acuerdos bilaterales por parte de Brasil

El Mercosur hoy

En la reciente reunión de los presidentes de la Argentina y Brasil, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, es posible que se hayan alcanzado consensos para relanzar el Mercosur y trabajar en el diseño de un nuevo acuerdo, más ajustado a la realidad internacional y a la nueva situación de los Estados miembros.

El funcionamiento actual del Mercosur como unión aduanera imperfecta es vista críticamente en ambos países, por cuanto no se avanzó en el proceso de una mayor apertura, sobre la base de acuerdos regionales, y tampoco contribuyó a mejorar la productividad de sus economías.

La constitución del Mercosur 25 años atrás se dio en un contexto mundial, regional y nacional muy diferente al de los últimos años y a las perspectivas que se avizoran. En la actualidad, la situación internacional registra un freno en el proceso de globalización, con una suspensión de las negociaciones multilaterales de la OMC y un crecimiento de los acuerdos regionales, en un marco de mayor proteccionismo, como se reflejan en el Brexit y en las decisiones de la administración Trump respecto de los acuerdos comerciales vigentes, como la relación entre EEUU y China. Por otra parte, a nivel regional, Argentina y Brasil evolucionaron de manera diferente en cuanto al comportamiento de las variables macroeconómicas, lo cual no contribuye al proceso de integración entre ambos.

El Mercosur, si se hubiesen respetado los tratados de hace 25 años, debería ser ya un mercado común y una unión política, con todo lo que ello implica. A saber: libre movilidad de los bienes, los servicios y las personas, leyes comunes, políticas económicas compatibles, banco central y parlamento supranacionales y otra lista de instituciones, disciplinas y políticas que obviamente no existen ni tienen hoy posibilidades de existir.

Hay que reconocer que el Mercosur, tal como se lo diseñó, ha dejado de existir y no es viable. Poco y nada queda del tratado de Asunción, de Ouro Preto o del cronograma de Las Leñas.

Para tener en cuenta, la integración entre países o grupos de países, puede variar desde las zonas de preferencias arancelarias, las zonas de libre comercio como el tratado de NAFTA, que se acaba de reformular; las uniones aduaneras, los mercados comunes y uniones económicas, como la Unión Europea.

Clasificación de los esquemas de cooperación e integración económica:

Zona de Preferencia Arancelaria: Dos o más países acuerdan concederse entre sí una tarifa inferior a la que conceden a terceros países.
Zona de Libre Comercio: Dos o más países resuelven eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias entre sí, permitiendo la libre circulación de mercaderías.
Unión Aduanera: Dos o más países además de permitir la libre circulación de mercaderías establecen un arancel externo común frente a terceros países.
Mercado Común: Dos o más países permiten la libre circulación de mercaderías, factores, servicios y personas, además de establecer un arancel externo común respecto a terceros.
Unión Económica: Dos o más países que además de permitir la libre circulación de mercaderías, factores, servicios y personas y establecer un arancel externo común, adoptan una moneda y políticas comunes.

Cada uno de estos sistemas es diferente, pero hay en cada instancia una profundización respecto de la anterior, y en cada caso están sostenidos por un conjunto de normas, disciplinas e instituciones diferentes. Por eso, resulta poco entendible que se cree un parlamento del Mercosur (Parlasur) cuando no existe la supranacionalidad, o un Arancel Externo Común que no es tal ya que tiene centenares de excepciones, o que existen negociaciones individuales de un estado miembro con otros países, por nombrar sólo algunas particularidades del Mercosur.

Concretamente, el Arancel Externo Común del Mercosur involucra unas 8.500 posiciones de la Nomenclatura del Sistema Armonizado y cuenta con más de 300 excepciones por cada uno de los países miembros.

Todo eso es incompatible con el mercado común, con la unión aduanera e incluso con la zona de libre comercio. De más está decir que sin entornos macroeconómicos estables es imposible sostener la integración.

Por ello, hoy cabría saber si la visión de Brasil y de Argentina se basa primordialmente en la complementariedad o no, y en qué grado.

Efectos sobre las exportaciones agropecuarias argentinas

En un mundo en el que el proteccionismo viene creciendo, cabría suponer que resulta conveniente la existencia de acuerdos, como el del Mercosur, ya que la capacidad de negociación de un mercado común sería superior a la de un país a nivel individual. En otro orden, también parece importante avanzar en la profundización de los acuerdos, yendo a una mayor liberación comercial de aquellos sectores en los que subsisten barreras y hacia la convergencia regulatoria entre los socios del bloque.
A corto plazo el Mercosur deberá decidir entre continuar el esquema de negociaciones económicas en bloque o flexibilizar las normas que impiden a sus países miembros, salvo excepciones, negociar de manera bilateral rebajas de aranceles externos por fuera de la unión aduanera.

Más aún, por lo mencionado anteriormente, es posible que el Mercosur deje de ser una unión aduanera imperfecta para transformarse en una zona de libre comercio, desapareciendo el Arancel Externo Común que encarece el ingreso de productos de países extrabloque.

Si esto último ocurriera, y el Mercosur se transformara en una zona de libre comercio, podría resultar negativo para el sector agroindustrial, ya que si bien las exportaciones argentinas a Brasil mantendrían su beneficio de ingreso sin pago de aranceles, perderían la exclusividad del acceso a ese mercado con dicha preferencia arancelaria. Pasarían a competir con empresas de terceros países que hoy deben pagar el Arancel Externo Común.

Una zona de libre comercio podría significar una amenaza en el comercio argentino-brasileño, donde el saldo total ha sido siempre negativo para Argentina. Sin embargo, el potencial de colocación de productos agroindustriales argentinos podría compensar en buena parte ese saldo negativo. El saldo de la balanza comercial agroindustrial bilateral ha sido positivo en los últimos años en aproximadamente U$S 2.000 millones para Argentina. Siendo Brasil la novena economía del mundo, con una población que lo ubica como el quinto puesto en el ranking de habitantes, después de China, India, Estados Unidos e Indonesia, puede significar una importante oportunidad para nuestro comercio agroindustrial.

Ver cuadro adjunto sobre los 15 productos agroindustriales que figuran a la cabeza de las exportaciones argentinas a Brasil (cifras en millones de u$s promedio 2014/16)

Ahora bien, ¿qué pasaría con nuestras exportaciones de trigo a Brasil, si este país llegara a acuerdos bilaterales con terceros países (p.e. EEUU o Canadá) eliminando los aranceles de importación del cereales de esas procedencias?

Actualmente, el AEC del Mercosur para trigo es de 10% y para harina de trigo del 12%, lo que implica que nuestras exportaciones cuentan con esa ventaja relativa, que se perdería en caso de acuerdos bilaterales de libre comercio o de cuotas de importación a Brasil sin aranceles.

Es cierto que la proximidad con nuestro vecino constituye otra ventaja en términos de fletes para nuestras ventas. Pero es seguro que los exportadores de cereal de nuestro país deberían ser más competitivos para conservar la participación que hoy ostentan en las importaciones brasileñas.

Una posibilidad

En la nueva relación que se instaure entre Brasil y Argentina, una probabilidad firme es que, aunque sea transitoriamente, el Mercosur se mantenga, pero suspendiendo su funcionamiento como unión aduanera imperfecta, y que, simultáneamente, se abra un proceso de negociaciones diplomáticas para rediseñar un nuevo tratado. Y, como resultado de ese nuevo acuerdo, es factible que surja una zona de libre comercio, conservando sólo parte del actual sistema de integración, como algunos acuerdos sectoriales.

Para que esa zona de libre comercio realmente funcione, habrá que redefinir varias instituciones que hoy forman el Mercosur, como la Comisión de Comercio, el Órgano de solución de controversias, entre otros.

Sin bien la anulación de los tratados del Mercosur en sus aspectos económicos, puede parecer un retroceso histórico, también puede significar un nuevo impulso para el bloque, porque permitiría reordenar y readecuar muchas políticas macroeconómicas y sectoriales imaginadas en 1994 y nunca fueron cumplidas, a la par que daría libertad a sus miembros para negociar con terceros países de forma individual o coordinada.


2. La disputa comercial entre China y EE.UU. y su influencia sobre las ex-portaciones agropecuarias argentinas.

La denominada Guerra Comercial entre los Estados Unidos de América y la República Popular China ha generado cambios importantes en el mercado de granos internacional con gran influencia sobre el agro argentino. De entre las medidas, la imposición de aranceles del 25 % a la importación de soja estadounidense por parte de China a partir del 6 de julio del 2018 fue la de mayor impacto debido a que generó un aumento de las compras de soja sin procesar de origen sudamericano.

La medida permitía anticipar no sólo un incremento relativo de los precios de exportación de la oleaginosa de origen sudamericano respecto de la estadounidense, sino también un incremento relativo de precios del poroto de soja argentino frente a los de los productos derivados de la molienda. Hubo un efecto negativo sobre la industria oleaginosa argentina, mayormente dirigida a la exportación, ya que vio disminuir su margen de molienda y, por lo tanto, aumentar su capacidad de procesamiento ociosa.

La disputa se suscitó en un contexto de caída histórica de la producción de soja argentina producto de la peor sequía de los últimos 50 años y el exceso de lluvias en época de cosecha, esto último afectando la calidad del grano. A pesar de ello, las compras de China fueron sustanciales en fechas muy alejadas a las de cosecha, lo que resultó diferencial respecto de la histórica dinámica de negocios en nuestro país, fenómeno similar al ocurrido con los envíos de soja de Brasil.

Ante un escenario de persistencia de la disputa, es de esperar que China aumente las importaciones de poroto de soja sin procesar de Argentina –de hecho, para el ciclo 2018/2019 se anticipa que Argentina exportaría un total de 14 Mt de soja en grano, 10 M más que en el ciclo previo- incentivando los precios de la oleaginosa y disminuyendo el margen de molienda de la industria aceitera exportadora.

Como este acontecimiento deviene de un conflicto comercial inusitado, la Bolsa solicita al Gobierno Nacional la implementación de medidas para que las consecuencias de este conflicto no impacten negativamente en el complejo industrial oleaginoso. El agregado de valor a las exportaciones implica la posibilidad de colocar una mayor variedad de productos (harinas, pellets, aceites brutos y refinados, glicerina, lecitina, etc.) entre una más diversificada gama de destinos de exportación, reduciendo la dependencia en pocos clientes.

El conflicto entre EE.UU. y China puede ser circunstancial pero ha afectado en gran medida al complejo soja argentino por la previa derogación del escalonamiento arancelario en la exportación. Sin embargo, para otros sectores agroindustriales argentinos ha representado una oportunidad para la colocación de sus productos en la nación oriental. En ese sentido, la Bolsa cree que es importante aprovechar estas circunstancias para solidificar los acuerdos que puedan haberse logrado o puedan firmarse para que nuestros productos tengan mayor presencia en China.


3. El efecto del escalonamiento arancelario sobre la agroindustria procesadora de oleaginosas.

La eliminación del escalonamiento arancelario en el complejo sojero es una medida que desalienta la industrialización de productos agropecuarios y no favorece el ingreso de los productores agrícolas. De hecho, la igualdad en las alícuotas obliga a tributar un mayor derecho de exportación en términos absolutos sobre las ventas externas de productos industrializados que de grano, castigando así el agregado de valor en origen. Se calcula que la diferencia promedio ha sido de 10 dólares más por tonelada exportada; es decir, la harina y el aceite han pagado 100 dólares por tonelada mientras que la soja ha tributado 90.

Los principales países competidores y los países de destinos de nuestras exportaciones protegen el agregado de valor en su territorio. La mayoría de los compradores lo hace a través de un esquema de aranceles de importación diferenciados en detrimento del ingreso de productos de mayor valor agregado. El anterior escalonamiento arancelario de los derechos de exportación de los complejos oleaginosos argentinos, del de soja en particular, permitía neutralizar y/o equiparar parcialmente las políticas proteccionistas de los países importadores y competidores.

Por otra parte, la harina y el aceite de soja tienen más destinos de exportación que el poroto sin procesar (China es casi el único comprador de grano de soja argentina, llevándose el 90%), lo que morigera los riesgos de colocación de nuestras producciones en el mundo y brinda mayor estabilidad a las exportaciones nacionales, considerando que la harina de soja es el producto más importante de la balanza comercial argentina con un aporte de casi 10.000 millones de dólares. Argentina viene perdiendo participación en la molienda mundial de soja, posición que se agrava con el conflicto comercial entre EE.UU. y China. Además de incentivar un mayor volumen de ventas de poroto de soja argentina a la nación oriental, el estado de situación actual favorece el crecimiento de la industria oleaginosa de nuestros competidores y de los países clientes de Argentina, en perjuicio de nuestra propia industria y de la estabilidad de precios para los productores argentinos. El restablecimiento del escalonamiento arancelario elevaría el tonelaje de grano industrializado y elevaría nuestra participación en la molienda global.

Respecto de la estabilidad de precios, el procesamiento doméstico de nuestra soja para su posterior exportación permite desestacionalizar las ventas del grano y los embarques del complejo, impactando en la curva de precios. Las exportaciones de harinas y aceites dan una mayor estabilidad al mercado de cambios argentino al suministrar divisas con una mayor regularidad a lo largo del año. Como beneficio adicional, la demanda industrial por la oleaginosa permite al productor una mejor colocación de aquel grano afectado en su calidad en las campañas con problemas climáticos (brotado o dañado). Al favorecer un mayor volumen de exportación de grano sin procesar se limitan las opciones de colocación o venta del grano dañado o sufrir un castigo significativo en el precio por cuestiones de calidad, lo cual es ostensiblemente perjudicial para el productor.


4. Variabilidad climática y su efecto sobre los resultados productivos agrícolas. Instrumentos para gestionar el riesgo productivo (seguros multiriesgos, paramétricos, derivados climáticos, etc.).

Las últimas campañas agrícolas en Argentina han estado signadas por eventos climáticos extremos que han generado importantes pérdidas a los productores y a toda la cadena de valor agroindustrial. La frecuencia de las anomalías atmosféricas es mayor y algunas de las catalogadas como catástrofes ocurrieron poco tiempo atrás. Baste recordar la campaña 2017/2018, cuando una de las sequías más importantes de los últimos 50 años, con excesos de humedad en época de cosecha, determinó pérdidas económicas para el país por un total equivalente a 8.000 millones de dólares.

En este contexto de alta volatilidad climática, la Bolsa de Comercio de Rosario estima muy necesario la formulación e implementación de instrumentos que mitiguen el daño económico causado por fenómenos climáticos extremos o severos (altas o bajas temperaturas o exceso o déficit de precipi-taciones, que se expresan en sequías, pulsos de calor o heladas de alta frecuencia e intensidad, anegamientos o inundaciones, entre sus expresiones más rotundas).

Es consciente que, en Argentina, un alto porcentaje de los seguros agropecuarios cubren daños, siendo la póliza contra el granizo la más difundida. Casi el 99% del total de las primas emitidas de los seguros agropecuarios corresponden a coberturas por granizo o granizo más adicionales (incendio, resiembra, helada, sequía, viento fuerte, falta de piso y lluvias en exceso) del sector agrícola y poco más del 1% a multiriesgo, también agrícola. La baja difusión de este último, que puede garantizar rendimiento o ingreso o inversión, está vinculada con el costo de la prima debido al riesgo moral y a la selección adversa implícitas.

Es sabido de los estudios de factibilidad llevados a cabo por las entidades aseguradoras, o entre dichas compañías y el Gobierno Nacional, para el estudio y la implementación de coberturas que aborden riesgos de forma más eficaz. Entre ellos se encuentran los seguros índices o paramétricos, para cubrir daños cuando se dan fenómenos climáticos severos. Estos seguros han tenido una gran adhesión y éxito en otros países, tales como México, EE.UU. y España. Los índices se construyen sobre las bases de la correlación histórica entre indicadores o variables (climáticas, agrícolas o geo-lógicas) y el rendimiento de una determinada actividad agropecuaria. Dentro de estos análisis, hubo trabajos sobre un seguro de Índice de Vegetación Normalizada (NDVI) para productores ganaderos en el sudoeste de Buenos Aires, o índices de precipitaciones para el cultivo de maíz, o un seguro para la lechería a partir de un índice de precipitación estandarizado, o un índice basado en el clima para el algodón. Hubo también desarrollos de empresas tecnológicas, como es el caso del S4 Index, índice verde, o de vegetación, correlacionado con el rendimiento de soja y maíz para cubrirse contra la sequía. Este producto es el activo detrás de un contrato OTC que se encuentra habilitado por ROFEX-MATba en la actualidad.

La Bolsa aboga por una mayor utilización de este tipo de seguros paramétricos, ya que, bajo ciertas circunstancias, favorecería la reducción del costo de la prima –recorta monitoreo, controles documentales y verificación- y no depende del comportamiento del asegurado o del asegurador sino del fenómeno exógeno.

Sin embargo, es evidente que el costo de los seguros multiriesgos atentaría contra su adopción generalizada. El gobierno no brinda ninguna clase de subsidios a las primas, sólo colabora en los casos de aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria, que implica la postergación o exención del pago de impuestos en aquellas zonas donde haya ocurrido algún siniestro. La bajísima cobertura multiriesgos en el mercado argentino se debe a la ausencia de intervención del Estado en el subsidio de las primas y en la cobertura de catástrofes.

La BCR apoya la sanción de una ley de seguros agrícolas, pero condicionada a ciertos aspectos ineludibles:

  • El Estado debe subvencionar las primas en alguna medida y adoptar un rol asegurador frente a eventos catastróficos.
  • Deben ser incluidas todas las producciones nacionales, no sólo granos.
  • Se debe evitar la obligatoriedad del seguro, ya que todo lo que es obligatorio tiene una connotación negativa. Por lo que debe ser decisión del productor contratar el seguro o no. No obstante lo cual, si el Estado decide subvencionar las primas, los productores deberían sentirse casi obligados a asegurar toda su producción.
  • El seguro debe ser deducible del impuesto a las ganancias.
  • Necesidad de información detallada a escala local o subregional.

Finalmente, la institución reconoce que, en lo que a rendimientos se refiere, no existe un único instrumento para la gestión del riesgo productivo. Los seguros agropecuarios o los derivados climáticos son sólo una parte de ello, pero íntimamente relacionado con la variable clima. Cuanta mayor investigación se lleve a cabo, habrá una amplia diversidad en la oferta de coberturas disponible para los productores. En un contexto de alta variabilidad climática, esta creciente oferta permitirá que el productor gestione más eficazmente sus resultados productivos y, por lo tanto, se mitigue el impacto negativo de los eventos extremos sobre la economía de nuestro país fuertemente agroexportador.


5. Infraestructura de transporte e inversiones

A.NECESIDAD DE AVANZAR EN LA FUTURA REGLAMENTACIÓN DE OPEN ACCESS EN FERROCARRILES DE CARGA

A través del Decreto N° 1027/18, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 27.132, que contiene una serie de principios para la 'reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios' y que, en su artículo 4°, estableció la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros.

El decreto recientemente publicado aprueba la reglamentación de la Ley Nº 27.132 para la implementación de la modalidad de acceso abierto (open access) para el transporte ferroviario de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional. En este sistema existe separación vertical; es decir, donde hay separación de funciones entre dos tipos de empresas: a) las que tienen a su cargo la infraestructura de vías y b) las que realizan la operación de trenes y la actividad comercial.

La empresa o grupo empresario que tenga a su cargo la infraestructura de vías deberá ocuparse de la ejecución de las obras sobre la red ferroviaria, la rehabilitación y mantenimiento de vías y el control de tráfico. Las empresas que sean operadoras contarán con material rodante propio o alquilado con el cual transportarán cargas propias o de terceros. Se ocuparán de la conducción y movilidad de los trenes, la planificación de la operación y su ejecución, la prestación de servicios de transporte a terceros y la comercialización de estos servicios. Por transitar sobre la red ferroviaria rehabilitada, los operadores abonarán el canon correspondiente.

Esta modalidad permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino.

En pocas palabras, se apunta a contar con un sistema ferroviario más abierto y competitivo para que, en el caso de las cargas, se amplíe la oferta de servicios y disminuyan los costos logísticos para transportar la producción.

El decreto señala que se debe llevar adelante la adecuación de los Contratos de Concesión vigentes, por lo que deberá analizarse, entre otros aspectos: la posibilidad de extensión de plazo contractual por un plazo no mayor a 10 años; el régimen de inversiones; la previsión de reembolsos por mantenimiento de terceros en la red; las pautas para la realización de obras por terceros en la red; la asignación de material rodante durante el plazo de concesión y la administración, por parte de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.), de la zona de acceso a los puertos.

También instruye al Ministerio de Transporte a definir un plan de transición para la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., a fin de garantizar que no se generen asimetrías en las condiciones de competitividad con los restantes operadores.

Asimismo, establece que la plena implementación de la modalidad de acceso abierto en toda la red ferroviaria, tendrá lugar al día siguiente al vencimiento del plazo del último Contrato de Concesión, considerando el plazo de extensión que pueda ser otorgado, en el marco de las adecuaciones contractuales que se lleven a cabo.

De todas maneras, el Ministerio de Transporte podrá dar inicio en forma anticipada a la modalidad de acceso abierto en los sistemas y subsistemas que se encuentren en condiciones, luego de efectuadas las inversiones previstas.

La reglamentación fijada en el Decreto 1027/2018 señala que los 'Principios Generales' sobre los que se basará la implementación de la modalidad de acceso abierto son:

  • Equidad en el acceso a la red y la máxima utilización de la capacidad disponible, impidiendo arbitrariedades que afecten la competencia en relación a la extensión, días y horarios en los que se asignen las ventanas de paso
  • Competitividad del ferrocarril, en la fijación del canon por uso de infraestructura, así como también en la definición de su metodología de cálculo y actualización, considerando los costos de mantenimiento y reposición de la infraestructura, pero preservando su competitividad intermodal.
  • Igualdad en las condiciones de acceso a los servicios complementarios y talleres, cuya titularidad corresponda al Estado Nacional, entendiendo a los talleres como toda instalación industrial dedicada a fabricaciones y reparaciones, tales como taller de material rodante, taller de vía y obras, taller de señalamiento, etc.
  • Equidad en la asignación de uso en las terminales de carga y descarga, y de los centros de acopio que sean propiedad del Estado Nacional.
  • Transparencia y equidad en la asignación de material rodante propiedad del Estado Nacional, mediante la utilización de mecanismos de acceso.
  • Unicidad del sistema de operación de la Red Ferroviaria Nacional.

La Bolsa de Comercio de Rosario impulsa la efectiva puesta en marcha de la modalidad de open access, en especial para el transporte ferroviario de cargas, por lo que sigue de cerca el proceso de implementación y aplicación de los previsto en la Ley N° 27.132 y su decreto reglamentario N° 1027/18.

B.VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL DESDE PUERTO SANTA FE AL RÍO DE LA PLATA

La actual concesión de las tareas de dragado y señalización de la vía navegable troncal del Río Paraná vence en el año 2021. Por ello, es imprescindible que el Estado Nacional comience las tareas de diseño del pliego para el llamado a licitación de una nueva concesión, de modo que al momento de finalización del actual contrato ya se haya adjudicado el nuevo y se garantice la continuidad de la prestación del servicio.

El resultado de esta licitación sin duda determinará la competitividad del comercio exterior argentino para las próximas décadas. Es así porque de su resultado dependerá la baja o no de costos logísticos al determinar una navegación más ágil, segura y sin congestiones en la entrada o salida de naves al sistema, un mayor aprovechamiento de bodegas de los buques de subida y bajada, generación de economías de escala, desarrollo de nuevos polos de actividad económica, entre otros beneficios.

En la actualidad la citada vía navegable troncal constituye el principal canal de comercio internacional del país. Las exportaciones de los complejos oleaginosos y cerealero, que en un 80% provienen de la zona del Gran Rosario, representaron un 45% de las exportaciones totales de Argentina en el 2017, representando un valor estimado en 26 mil millones de dólares.

De la misma manera, por esta vía en 2017 transitaron 1,6 millones de TEUs (90% de los contenedores del país), 750 mil vehículos, 9 millones de toneladas de productos metalúrgicos e industriales, además de fertilizantes para las industrias de la región y combustibles para el abastecimiento de centrales eléctricas y el consumo.

Ante esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario se encuentra:

  • Gestionando ante las autoridades pertinentes del Estado Nacional, que se realicen todas las acciones necesarias para que al momento de finalización del actual contrato de concesión ya se haya adjudicado el nuevo contrato y se garantice la continuidad de la prestación del servicio.
  • Impulsando los estudios de consultoría que permitan definir qué características deberá tener la vía navegable troncal en un futuro a definir.
  • Participando activamente para que los principios incluidos en la visión institucional de la BCR sean adecuadamente contemplados en el proceso de estudios básicos previos y en la formula-ción de los pliegos de bases y condiciones de la licitación y el marco regulatorio de la nueva concesión para el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Río Paraná.

C.MEJORAMIENTO DE LA RED CAMINERA SECUNDARIA Y RURAL

Uno de los principales problemas de la red caminera secundaria y rural en Argentina es la imposibilidad física de los caminos de tierra y/o ripio para garantizar la transitabilidad permanente de los actores sociales y económicos que habitan y trabajan en el campo argentino.

Este panorama, con caminos sin conservación, severas erosiones y cortes cada vez más prolongados, obliga a los camiones –en muchas oportunidades- a no completar carga para no encajarse, elevando los costos de transporte.

De acuerdo con un informe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), 'los daños en la economía son numerosos, lo que provoca pérdida de competitividad y caída en el ingreso de los productores'. Además según la Asociación Argentina de Carreteras, las pérdidas por esta problemática ascienden a USD 519 millones por año en nuestro país'.

De los 400 mil kilómetros que se estima tiene la red vial secundaria y rural, 270 mil están localizados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa.

La Bolsa de Comercio de Rosario ha apoyado un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Santa Fe tendiente a modificar algunas de las leyes provinciales con el objetivo de garantizar que lo recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles, aplicable a los fundos rurales, sea efectivamente destinado a la construcción y mantenimiento de los caminos públicos que dividen las parcelas, así como también que la liquidación del tributo tenga en cuenta criterios de capacidad contributiva y rentabilidad de la tierra. Asimismo, apoya la constitución de consorcios viales constituidos por los interesados directos, es decir los productores.

También se han mantenido reuniones con el Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe con el objetivo de plantearle la preocupación de la entidad con relación al estado de estos caminos.


6. Sanción de una nueva Ley de Semillas

La BCR impulsa la urgente sanción de una actualización del marco normativo sobre Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley Nº 20.247) que rige desde 1973. La razón fundamental es la necesidad de apoyar e incentivar la investigación y desarrollo en materia de biotecnología y genética:

  • Los obtentores deben lograr un retorno adecuado de su inversión en tecnologías para poder seguir investigando y desarrollando nuevas variedades y tecnologías en beneficio del sector y del país.
  • La biotecnología es clave para el aumento de la productividad, la ampliación de las superficies cultivables, la expansión de la frontera agrícola, la diversificación de las economías regionales y el aumento de los beneficios nutricionales de la semilla.
  • Las economías regionales evidencian un deterioro de su posición relativa en relación a nuestros competidores internacionales, por la dependencia de pocas variedades, el bajo desarrollo de eventos genéticos y el declive en la productividad.
  • La falta de condiciones que favorezcan la investigación también afecta al INTA, que ha sido un actor clave en el desarrollo de nuevas variedades.
  • Por todo ello, es necesario que los productores paguen una regalía a los titulares de derechos de propiedad intelectual por el uso de semillas inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC) para genética y derechos aplicables.

El pago de la semilla deberá incluir, en el mismo acto, el derecho de uso del germoplasma y de la biotecnología.

La práctica de uso propio de semillas autógamas (sobre todo trigo, soja y maní) por parte de los productores, esto es la reproducción del material para su propia explotación, es una práctica ampliamente difundida en nuestro país, por lo que entendemos que los proveedores de germoplasma y biotecnología deberán implementar alternativas de negociación que se adapten a la realidad del mercado. Por ejemplo: que el pago de la regalía se realice por única vez con la compra de la semilla fiscalizada, o que el pago de la regalía se realice de manera extendida, cada vez que se realice uso propio durante cierto número de años.

El uso propio será gratuito para los pequeños productores en función de los parámetros que se definan (productores inscriptos en el RENAF, productores que facturen anualmente hasta un determinado nivel, etc.), además de garantizar el libre acceso de los fitomejoradores a los cultivares que están en el mercado para la creación de un nuevo cultivar.

Es función del Estado, a través del INASE, controlar y fiscalizar el comercio de semillas y de granos, como también fijar los niveles mínimos de detección de tecnología que habilitarán el pago de regalías. Debe continuar, con la participación de las entidades del sector privado, el sistema de control y muestreo en el punto de entrega del grano. Paralelamente, se deberán establecer sistemas de declaración jurada de la semilla utilizada por los productores y mecanismos de control por parte del INASE, con las correspondientes sanciones a los infractores de manera de incentivar el cumplimiento de las normas y asegurar el efectivo funcionamiento del sistema.


7. Modificación de la Ley de Warrants

El warrants es un instrumento de indudable importancia tanto para facilitar la conservación y comercialización de productos, como para su utilización como vehículo de crédito. Sin embargo para que afiance su credibilidad y alcance plenamente su potencialidad, se impone la modernización de la ley 9.643, vigente desde 1914, adaptándola a las actuales exigencias de los mercados.

Existe coincidencia entre los legisladores de los diferentes bloques y partidos sobre los cambios necesarios para posibilitar una mayor aplicación del warrant, generando mayor confiabilidad y reduciendo los riesgos de su uso como medio de financiamiento. Sólo se requiere voluntad política para impulsar la reforma.

Entre los aspectos que requieren actualización, se debe mencionar que:

  • Los certificados de depósito o warrants puedan extenderse sobre bienes o productos de cualquier origen, naturaleza y estado, incluyendo especies vivas y en cualquier etapa de procesamiento, como así también sobre bienes importados en depósitos fiscales.
  • Los certificados de depósito o warrants puedan ser objeto de negociación en el mercado de capitales, conforme a los respectivos reglamentos de los mercados, los que deberán prever un método de interferencia de ofertas con prioridad precio-tiempo.
  • Para obtener autorización, las warranteras deberán acreditar el capital mínimo determinado para cada categoría por la autoridad de aplicación. Dicho capital debe guardar relación con el valor total de los certificados de depósito emitidos por las empresas de depósito, debido a las responsabilidades que asume el depositario y que podrían no estar cubiertas por seguros específicos.
  • Prohibición a las empresas de depósito para efectuar operaciones de compraventa de bienes o productos de la misma naturaleza de aquéllos a que se refieren los certificados de depósito y warrants que se emitan. Sin perjuicio de lo cual, con autorización del depositante y en carácter de comisionista o agente puedan vender los bienes depositados.
  • Ampliación del plazo de emisión de los certificados de depósito y warrants a doce meses, sin perjuicio de su renovación.
  • Los depósitos puedan ser de propiedad del depositario o de terceros, incluido el depositante.
  • Posibilidad de procesar o transformar los bienes almacenados mediando acuerdo entre el depositario y los titulares de los certificados de depósitos y warrants.
  • Si el crédito garantizado mediante el warrant no fuese pagado al vencimiento, el acreedor podrá pedir la venta directa o el remate público de los bienes.
  • Reducción de los plazos para la realización de las subastas de bienes depositados por falta de pago.
  • Inaplicabilidad al sistema de warrants de las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras, sin perjuicio de la obligación de verificar créditos.
  • Establecimiento de un proceso administrativo, sumario y actuado, para sancionar infracciones de las warranteras.


8. La importancia de trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas acordadas entre el sector público y el privado.

La BCR impulsa y apoya los 'Nuevos lineamientos que guiarán las políticas públicas sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios' fijadas por el Grupo de Trabajo Interministerial de la República Argentina en julio de 2018. Este grupo fue conformado por la Resolución Conjunta 1/2018 de los entonces Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina y está integrado por ambas áreas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los Ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y los Consejos Federales Agropecuario (CFA) y de Medio Ambiente (COFEMA).

El grupo elaboró una serie de principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias en el futuro, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación. Además, se les encomendó formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas y fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

Esta iniciativa cuenta con todo el respaldo de esta Institución, la que se pone a disposición para trabajar en forma conjunta en el marco de una adecuada complementación público-privada. Baste recordar algunas de las recomendaciones emitidas en el informe, a las que la BCR adhiere decididamente:

  • Impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios.
  • Implementar una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas con el fin de coordinar e integrar o vincular la ejecución de los programas referidos a la aplicación de fitosanitarios de las diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales y provinciales.
  • Generar un digesto normativo específico sobre la gestión de los productos fitosanitarios y propiciar su armonización en el marco de los principios arriba establecidos.
  • Establecer un ámbito interdisciplinario, federal y específico para el abordaje de las políticas de gestión de fitosanitarios.
  • Establecer protocolos y sistemas de recepción y procesamiento de consultas o denuncias relacionadas con las aplicaciones de fitosanitarios, armonizados a nivel nacional, que derive las mismas a las instancias competentes que puedan dar respuestas, y proveer herramientas para su seguimiento.
  • Establecer redes de monitoreo de las actividades de aplicación, representativas de todo el territorio nacional, en un marco de involucramiento de las comunidades locales, integradas en un sistema de monitoreo y control nacional con participación de las diferentes autoridades competentes.
  • Impulsar ante las autoridades correspondientes, el fortalecimiento o la incorporación a los programas y al diseño curricular de las carreras agronómicas y afines, de materias específicas que aborden la temática ambiental, que fortalezcan la adopción de las buenas prácticas agrícolas en general y la gestión de productos fitosanitarios en particular.
  • Realizar periódicamente campañas nacionales de consolidación de las buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios de manera conjunta entre las autoridades de producción y sanitarias.

Pero, como la las buenas prácticas agrícolas van mucho más allá de los fitosanitarios para hacer de la nuestra una producción sana, segura y amigable con la comunidad y el ambiente, desde este año 2019, la Bolsa de Comercio de Rosario se ha integrado a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), organización conformada por 70 instituciones públicas y privadas. La BCR está convencida de que el formato de diálogo inter institucional es el ideal para trabajar sobre BPA en los distintos niveles de gobierno.


9. Hacia un perfil más tecnológico del sector agropecuario argentino. La digitalización en el agro y el proyecto de Innovación Abierta de la BCR en Agtech.

Resulta difícil anticiparse a cambios científicos tecnológicos específicos, pero una de las convicciones en la Bolsa de Comercio de Rosario es que debemos tomar la delantera en cuanto a las tendencias tecnológicas, estudiar su impacto y actuar en consecuencia. La incertidumbre es la nueva normalidad, por lo que anticiparse al cambio implica una buena dosis de futurología: aprender a leer las señales, ver las tendencias, buscar los vectores de cambio que se entrelazan, poner bajo la lupa las propias suposiciones y, como aseveró Amy Webb, profesora de Universidad de Columbia (New York) y especialista en previsión estratégica e investigadora en tecnologías emergentes, 'pensar exponencialmente… pero tomar decisiones incrementales con la mayor frecuencia posible'.

Baste mirar el sector de los agronegocios, en donde ya es parte del día a día la adquisición de bienes de uso o de capital o la contratación de servicios (uberización de contratistas) a través de plataformas digitales; la información que interesa a través del celular; el modelo de compartir el uso de equipos o máquinas para disminuir la capacidad ociosa de la tecnología y bajar costos se está trasladando a robots y drones; la creciente adopción del blockchain dentro de las grandes compañías y extendiéndose a las transferencias de dinero, la logística, el back office de los negocios o la trazabilidad de los alimentos.

Lo descripto es el fruto de los desarrollos que fueron surgiendo de las tendencias tecnológicas que mayor impacto tienen en la agricultura: el internet de las cosas, los sensores en todos lados y en todo momento, el aprendizaje automático –subcampo de la inteligencia artificial–, la tecnología móvil que permite hacer cualquier cosa sin importar dónde se esté (trabajo colaborativo, redes de trabajo, redes de datos, etc.), la robótica con su consiguiente automatización o el blockchain.

Vivimos un momento de salto tecnológico sin antecedentes ni límites. La biotecnología (Biotech) nos sorprende cada día, como el nuevo enfoque que permitiría aumentar la fotosíntesis del arroz y, por lo tanto, su rendimiento en un elevado porcentaje; el desarrollo de nuevas semillas resistentes a sequía, absorbentes de dióxido de carbono o productoras de vitaminas; la microbiología, que promueve el desarrollo de microorganismos que mejoran la alimentación o combaten enfermedades; la robotización de las prácticas agrícolas; la agricultura de precisión; la uberización de la logística; etc. etc.

Lo cierto es que la agroindustria argentina ya no será la que conocimos. Y para eso hay que prepararse, caminar en la dirección y tomar la delantera.

El proyecto de Innovación Abierta en AgTech se inscribe dentro de las iniciativas que la BCR lleva a cabo, reconociendo que el conocimiento está ampliamente disperso aunque fácilmente accesible; que los desafíos o las problemáticas de cada aspecto de la actividad agroindustrial seguramente hallarán solución en emprendedores con base científico-tecnológica; que los proyectos innovadores pueden originarse tanto dentro como fuera de una organización, dentro o fuera del país; y que es posible llegar a una conclusión exitosa tendiendo puentes entre las actividades productivas y el emprendedorismo innovador. BCRInnova nació con el convencimiento de seguir ampliando los espacios de integración de distintas redes públicas y privadas de investigación, financiamiento, desarrollo, aplicación y producción. Se han organizado distintos eventos para favorecer ese intercambio, como congresos tecnológicos, foros de innovación, hackatones agro, premiaciones a la innovación, concursos de startups, misiones a países y regiones caracterizadas por su innovación (Israel, Esto-nia, Finlandia, etc.).


10. Financiamiento de las PYMES en el Mercado de Capitales (cheques digitales, pagarés digitales, facturas electrónicas).

Según la Fundación Observatorio Pyme, en el año 2018 el aumento de los costos, la caída de las ventas y la falta de financiamiento fueron los tres problemas que avanzaron más rápido en la co-yuntura negativa argentina para las PyMEs, con mayor impacto en sobre las manufactureras. En el informe de coyuntura del III trimestre de 2018, la misma Fundación mencionó que el financiamiento bancario no será un instrumento eficaz para asistir a las PyMEs en 2019 e indicó que un sistema pro-ductivo sin crédito y sin una política fiscal acorde para las empresas menores, está condenado a una fuerte volatilidad que impide la generación de empleo de calidad y el desarrollo económico.

En este contexto, el Mercado de Capitales otorga a las pymes una alternativa de financiamiento con tasas competitivas que surgen de la oferta y demanda de valores negociables.

En un convenio suscripto en 2014 con BYMA (por entonces MERVAL), el Mercado Argentino de Valores (MAV) acordó su especialización en instrumentos para PyMEs y productos no estandarizados.

Los instrumentos que ofrece el MAV a las PyMEs para financiarse son el cheque de pago diferido, el pagaré bursátil, el fideicomiso financiero y las obligaciones negociables. Las estadísticas indican que, a pesar de que el financiamiento por este canal sigue siendo menor en proporción al bancario, vie-ne aumentando significativamente a lo largo de los años, con un crecimiento acumulado del año 2009 a 2018 de 398%, sobre todo en cheques de pago diferido (80% del total del financiamiento) y en pagarés bursátiles (10% del total del financiamiento).

Asimismo, con los cambios tecnológicos y el sustento legal a partir de las sanciones de las Leyes 27.440 y 27.444, se abre la posibilidad para las PyME de financiarse a través de instrumentos digita-les, eliminando la figura del soporte papel.

La Ley 27.440 de Financiamiento Productivo ordena que las Facturas de Crédito, valor negociable según la Ley 26.831, constituyan un título ejecutivo y, en el caso que las empresas tenedoras de estos créditos tengan la necesidad de adelantar la percepción de fondos, puedan descontarlas y negociarlas en los Mercados registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV), de igual manera que lo hacen con los cheques de pago diferido y los pagarés en la actualidad. En otro capítulo, la misma Ley introduce varios cambios al régimen de pagaré fomentando la figura de pagaré bursátil negociado en Mercados.

La Ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación esta-blece que, en los casos de los instrumentos creados por medios electrónicos, cheques de pago di-ferido, pagarés y letras de cambio, el requisito de las firmas quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del instrumento, fomentando la creación de instrumentos desmaterializados.

Estos cambios normativos abren el abanico de nuevos instrumentos de financiamiento para las Py-MEs con mayor facilidad, agilidad y menores tiempos y costos. La BCR está trabajando junto con el MAV y Argentina Clearing S.A. (ACSA), como Agente de Custodia, Registro y Pago, en el proyecto FINANCIACLIK, un nuevo servicio de creación y negociación de instrumentos digitales, con avales digitales, para que todas las PyME de la Argentina puedan financiarse en el Mercado de Capitales en pocos pasos.

Inicialmente se prevé el lanzamiento del pagaré en formato electrónico, por medio de una plata-forma web administrada por la Bolsa. Las Empresas podrán crear en FINANCIACLICK, junto a sus ALyCs-AN, pagarés en formato electrónico indicando la SGR a la que le solicitarán su aval. La SGR analizará el legajo digital de la Empresa -disponible en FINANCIACLICK- y en caso de cumplir con todos los requisitos necesarios, firmará el pagaré, otorgando su aval. Una vez firmado el pagaré por la Empresa y por la SGR, se registrará y custodiará en ACSA y se negociará en MAV.

Por sus características electrónicas, facilitará la operatoria para los participantes, mejorará y federa-lizará el acceso al financiamiento para las PyMEs y permitirá estandarizar y optimizar los procesos administrativos relacionados con la emisión de estos instrumentos.


11. Fusión MATba – ROFEX. Importancia para el mercado de capitales argentino.

En Argentina, ROFEX y MATba fueron los mercados institucionales en los que se han negociado contratos de futuros sobre activos subyacentes financieros y sobre activos subyacentes de commodities, respectivamente. Teniendo en cuenta la complementariedad de sus operaciones y su presencia e importancia histórica en el desarrollo de los mercados de futuros del país, a fines del año 2018, consolidaron la integración con el fin de emerger como un negocio fortalecido para adaptarse a la creciente unificación de mercados en Argentina y a la integración de nuestro país al mundo.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario, accionista clave de ROFEX, esta integración es estratégica para el siempre presente objetivo de fomentar el desarrollo de los mercados y ofrecer oportunidades a accionistas e inversores. De entre el sinnúmero de ventajas que ofrece la integración, se pueden destacar:

  • el aumento del volumen y de la liquidez;
  • una mayor oferta de productos para los agentes que operaban con exclusividad en uno de los dos mercados;
  • un canal ampliado para las nuevas iniciativas como 'Mercado de Fondos Comunes de Inversión' o 'Financiaclick', que abren la puerta a fondos comunes y pagarés digitales, o como los contratos de futuros sobre leche y sobre ganado;
  • un mejor posicionamiento relativo nacional e internacional, que contribuirá al tendido de lazos institucionales y redundará en mejores y mayores beneficios para los futuros accionistas MATba-ROFEX;
  • una mayor inversión en tecnología, con la consiguiente estandarización de procesos e interfaces;
  • mayor sinergia y eficiencia, lo cual redundará en la optimización de costos, el aprovechamiento de los recursos existentes y la incorporación de nuevos recursos para llevar adelante los proyectos emprendidos individualmente;
  • una diversificación de líneas de negocios y generación de flujos de fondos de menor volatilidad, que propiciará un posicionamiento financiero más estable y mejores perspectiva para la cotización de las acciones del nuevo mercado.


12.Energías Renovables y la biomasa como fuente de energía.

La Bolsa de Comercio de Rosario impulsa ante las autoridades nacionales y provinciales responsa-bles de evaluar la composición de la matriz energética, la necesidad de ponderar e instalar como política de estado el fomento de la biomasa como fuente de energía renovable en la Región Centro.

En el contexto energético, la biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Estos recursos bio-másicos pueden agruparse –de forma general– en agrícolas y forestales. También se considera biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), y otros residuos derivados de las industrias.

La valoración de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos, mediante los que puede transformarse en calor y electricidad: combustión, digestión anaerobia, gasificación y piróli-sis.

Según la proporción de agua contenida, la biomasa se clasifica en:

  • Biomasa seca: madera, residuos forestales, residuos de la industria maderera y del mueble, etc. La energía contenida en este tipo de biomasa es aprovechada mediante procesos termo-químicos como la combustión, la pirólisis o la gasificación.
  • Biomasa húmeda: desechos pecuarios, residuos de la fabricación de aceites, residuos de la fabricación de etanol, etc. En este caso se emplean procesos de transformación bioquímicos, los cuales suelen tener más interés ecológico ya que muchas de las biomasas empleadas son sustancias contaminantes. Aquí la biomasa es transformada en un biocombustible, según la ma-teria prima y el proceso empleado el biocombustible puede ser biogás, bioetanol o biodiesel.

El biogás es el producto de la digestión en condiciones anaerobias de materia orgánica. Para su pro-ducción se pueden emplear residuos de cultivos, forestales o industriales, estiércol y otros desechos del ganado o incluso residuos urbanos municipales, siempre que sean biodegradables y se puedan transformar en metano o dióxido de carbono. Junto a la mezcla de gases resultantes, que pueden ser empleados para producción de calor y electricidad, se genera un efluente rico en materia orgánica y con menor carga de patógenos, y que constituye un fertilizante muy eficiente y seguro.

El proceso de la digestión anaerobia lo llevan a cabo bacterias productoras de metano o metanóge-nas. El proceso se lleva a cabo en biodigestores.

De cara al futuro, Argentina necesita una matriz energética bien integrada, con las distintas fuentes renovables y no renovables. Entre las primeras, somos un país muy rico en recursos naturales: en el norte privilegia la radiación solar, en el sur el recurso eólico y en la región centro –que tiene un fuer-te tinte agro ganadero y sus derivados– puede ser líder en la producción de energía limpia y tam-bién mitigar daños al ambiente, ya que toda industria genera residuos a los que hay que dar una solución.

En los últimos años, ha tenido lugar una fuerte expansión en las políticas de energía renovable; sin embargo, falta incentivar una de las fuentes que más beneficios trae aparejada. A modo de ejem-plo, se puede mencionar que:

  • no sólo es renovable, sino que da una solución a los residuos (forestales, ganaderos, industria-les, etc.);
  • otorga más fuentes de trabajo genuino que ninguna otra energía renovable;
  • su potencia es firme, a diferencia de la solar y la eólica (que sólo generan cuando hay recurso); y
  • se puede situar en los centros urbanos y cerca de los grandes centros de consumo de energía, amortiguando así los costos de transporte.


13.Efectos de la legislación impositiva sobre la actividad económica. Proyectos de incentivos fiscales, simplificación tributaria, efectos de la inflación, reducción de la presión tributaria y garantía de seguridad jurídica.

Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) concluyó que el sistema impo-sitivo nacional, según los distintos niveles de gobierno, está compuesto por 163 tributos diferentes y que, de todos ellos, solamente 10 conforman el 90% de la recaudación.

Según dicho estudio, los municipios tienen bajo su órbita 82 gravámenes, tasas y contribuciones registrados, y los restantes 81 se dividen entre las provincias con 41 y la Nación con 40. Si se tiene en cuenta que para el 2019 se ha previsto una presión tributaria conjunta entre Nación y provincias de aproximadamente del 33,2% del PBI, no hay dudas de que estamos frente a un sistema tributa-rio altamente recesivo y que sólo una reducción de la carga tributaria hará posible recuperar la in-versión productiva, crear empleo formal y disminuir la pobreza.

Resulta desalentador el tratamiento dispensado a los emprendimientos productivos, en especial a las economías regionales, que adolecen de muchas restricciones para atenuar la elevada presión tributaria, que se ven agravados por calificaciones sobre riesgo fiscal (creado por sistemas teóricos), que –aún basados en datos reales– conducen a encasillamientos donde queda devaluada la con-ducta fiscal de contribuyentes. Lo mismo ha sucedido con el encarecimiento de los intereses resar-citorios y punitorios, constituyéndose en su conjunto en un aumento adicional no tabulado de la presión tributaria.

Un tema no menor y que contribuyó a la primera corrida cambiaria, fue la decisión de gravar la renta financiera, y aplicar retenciones sobre tenencias de títulos de residentes del exterior. Este tipo de impuestos ha provocado un profundo desaliento al ahorro bancario, motor del crédito y de la inver-sión.

En momentos en que las empresas están atravesando situaciones profundamente críticas, estas metodologías –que representan un incremento de la carga tributaria– tienden a desarticular el es-fuerzo de mantener con vida muchos emprendimientos. No debería soslayarse la relación entre la baja de impuestos y el aumento de la recaudación, tema estudiado por el economista Arthur Laffer, quien llegó a demostrar que disminuyendo la presión tributaria, se puede aumentar la recaudación porque crecerá la actividad, generará confianza, producirá aumento del consumo y revitalizará la economía deprimida.

La Argentina debe abandonar esa pesada costumbre de no respetar las normas tributarias por par-te del propio Estado, dejar de convertirlas en objetos maleables y manipulables conforme a la evo-lución de variables macroeconómicas, sin tener jamás en cuenta, que los cambios de las reglas de juego constituyen actos nocivos, porque incrementan la desconfianza y generan incertidumbre.

Lo acontecido con el ajuste por inflación es quizás el mejor ejemplo. A pocos meses de finalizar 2018, cuando se vislumbró que los precios al por mayor superarían los parámetros legales de la norma que permitía la aplicación –luego de 17 años– del ajuste por inflación impositivo, se dispuso modificar la ley sancionada apenas diez meses atrás, cambiando los índices y porcentajes determi-nantes de forma tal que el ajuste no pudiera aplicarse.

Puede entenderse que las necesidades de caja son prioritarias, pero no habilitan a que se aplique un impuesto complementario sin sustento en una ley especial, ya que no es más que el mismo im-puesto a las Ganancias, pero calculado sobre utilidades ficticias.