De acuerdo con datos de FAOSTAT, entre 1961 y 2022 la producción agropecuaria argentina se multiplicó por más de tres veces. Sin embargo, el ritmo de ese crecimiento no fue constante, ni impulsado siempre por las mismas fuentes: mientras en algunos períodos estuvo traccionado principalmente por ganancias de productividad, en otros dependió en mayor medida del uso de insumos.

El presente informe analiza esa evolución a la luz del entorno de políticas que afectó al sector, a partir de la evidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)^/1 en materia de productividad y la metodología de estimaciones de apoyo al sector agropecuario desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Cambios en la composición del crecimiento 

De acuerdo con la literatura económica, el crecimiento de la producción puede descomponerse en dos fuentes: las ganancias de productividad y el aumento en el uso de factores. Para analizar cómo evolucionó la contribución de cada una de ellas al crecimiento de la producción agropecuaria argentina, un estudio del BID (Salazar et al., 2025) divide el período 1961-2022 en distintos regímenes de política agrícola, permitiendo comparar la evolución de la producción, el uso de insumos y la Productividad Total de los Factores (PTF) en cada etapa.

En el conjunto del período, la producción creció a una tasa promedio del 2,6% anual, impulsada principalmente por mejoras de productividad (1,78% anual), más que por el uso de insumos (0,82%). Sin embargo, la contribución de cada fuente varió significativamente entre los distintos regímenes de política agrícola^/2. 

Entre 1961 y 1989, en una economía relativamente cerrada —con intervención de precios, barreras comerciales e impuestos a la exportación—, la producción creció a un ritmo moderado (1,98% anual), impulsada sobre todo por la productividad (1,40%). 

El mayor dinamismo se dio en la etapa de liberalización, desregulación y avances tecnológicos significativos (1990-2002), cuando la producción se expandió al 3,99% anual y la PTF explicó la mayor parte de ese avance (3,29%), con un aporte menor del uso de insumos (0,68%). De acuerdo con el BID, este desempeño estuvo acompañado por un proceso sostenido de acumulación de capital, rápida adopción de innovaciones tecnológicas —como los cultivos genéticamente modificados y la siembra directa— y una mayor difusión de prácticas agronómicas mejoradas, como la rotación de cultivos.

A partir del período 2003-2015, con el restablecimiento de los derechos de exportación y otras restricciones al volumen comercializado, la producción siguió creciendo (3,15% anual), pero apoyándose cada vez más en el uso de insumos —que alcanzó su nivel más alto de toda la serie (1,55%)—, mientras las ganancias de productividad se redujeron a la mitad (1,60%). Finalmente, entre 2016 y 2022, tanto la producción como la productividad se desaceleraron hasta el 1% anual, el menor ritmo de todo el período analizado.

El entorno de políticas que caracterizó cada uno de estos períodos puede sintetizarse mediante la metodología de estimaciones de apoyo^/3 desarrollada por la OCDE, cuyo principal indicador es el Estimado de Apoyo Total (EAT)^/4. Este último cuantifica las transferencias netas que las políticas públicas generan hacia el sector agropecuario, expresadas en dólares y como porcentaje del PIB. Un valor positivo del EAT refleja un apoyo neto al sector; uno negativo significa que el sector transfiere recursos hacia el resto de la economía.

Si bien Argentina contó con valores de apoyo al sector negativos en casi todo el período analizado, la comparación^/5 entre la evolución del EAT y las tasas de crecimiento analizadas anteriormente muestra que el período de mayor crecimiento de la PTF coincidió con un esquema de apoyo prácticamente neutro. Las etapas posteriores, caracterizadas por valores de apoyo cada vez más negativos para el sector, estuvieron acompañadas por una desaceleración progresiva de la productividad. 

Aunque en el período más reciente el EAT mejoró en términos relativos (-1,7% del PIB) en comparación con el período 2003-2015, la detracción casi no se redujo en valores absolutos (US$8.800 millones anuales) a pesar de que la producción agropecuaria continuaba perdiendo dinamismo. 

Cabe destacar que Argentina constituye un caso singular. Considerando el promedio 2020-2024, fue el único país de América Latina con un EAT negativo, equivalente a -1,8% del PIB, lo que significa que el sector agropecuario transfirió al resto de la economía unos US$9.700 millones en promedio por año. Además, medido a nivel del apoyo al productor, el BID (Rondinone et al., 2025) señala que Argentina es —junto con India y Vietnam— uno de los tres^/6 únicos países del mundo con un apoyo negativo, y el caso más extremo de los tres.

No obstante, expresar el EAT como porcentaje del PIB total atenúa la magnitud de ese resultado sobre el propio sector. Medido en relación con el valor de la producción agrícola^/7, el apoyo total equivale a -16%, es decir, una detracción cercana a la sexta parte del valor generado por la actividad, mientras que en economías como Estados Unidos y la Unión Europea el apoyo al sector representa más del 20% del valor de su producción.

Si bien la magnitud de las transferencias permite dimensionar la incidencia de las políticas sobre el sector agropecuario, el BID destaca que no todos los instrumentos de apoyo tienen los mismos efectos sobre la productividad. Por ello, además del nivel agregado de apoyo, resulta relevante examinar su composición.

La composición del apoyo y la productividad agrícola

El BID (Salazar et al., 2025) sostiene que el impacto de las políticas agrícolas sobre la productividad depende más de cómo se compone el apoyo al sector que de su magnitud. Para analizar esta relación, el organismo examinó^/8 el efecto de los distintos tipos de apoyo sobre la PTF.

El apoyo total al sector (EAT) se descompone en: el Estimado de Apoyo al Productor^/9 (EAP) -que incluye el Apoyo a Precios de Mercado (APM)^/10 y los Apoyos Directos (AD)-, el Estimado de Apoyo a Servicios Generales (EASG) -que incluye las políticas destinadas al financiamiento de investigación y desarrollo, sanidad e inocuidad, infraestructura- y las Transferencias de los Contribuyentes a los Consumidores^/11 (TCC). 

Los resultados del BID muestran que el EAP y, en particular, el APM, presentan una correlación negativa con la productividad. Dado que el APM comprende políticas que generan una brecha entre los precios internos y los precios internacionales, la evidencia indica que una mayor distorsión en el precio percibido por el productor se asocia con menores niveles de productividad. En contraste, los AD y el EASG muestran una relación positiva con la PTF, aunque sus efectos suelen manifestarse principalmente en el largo plazo.

A la luz del caso argentino, la desagregación del EAT muestra un apoyo negativo compuesto casi en su totalidad por APM, mientras que los componentes vinculados positivamente con la productividad tienen una participación marginal. En el acumulado 1997-2022, el APM restó al sector más de US$190.000 millones, mientras que los apoyos directos y los servicios generales sumaron apenas US$6.000 y US$8.900 millones, respectivamente. Es decir, en casi tres décadas, la detracción por distorsión de precios fue trece veces mayor que lo destinado a políticas que impulsan la productividad.

En síntesis, la productividad agrícola argentina alcanzó su mayor dinamismo en la etapa en que el apoyo al sector fue prácticamente neutro y se desaceleró a medida que ese apoyo se tornó marcadamente negativo, en paralelo con una mayor dependencia del uso de insumos para sostener el crecimiento de la producción.

Si bien la evidencia presentada para Argentina no permite establecer una relación causal, sí resulta consistente con los resultados del BID para América Latina. En Argentina, el sector agropecuario no solo realiza transferencias netas hacia el resto de la economía, sino que estas se concentran en instrumentos que distorsionan los precios, mientras que los apoyos orientados a infraestructura, investigación y desarrollo tienen una participación marginal.

En este sentido, los resultados sugieren que el desafío no pasa únicamente por el nivel de apoyo que recibe el sector, sino también por su composición. Más que el volumen de recursos involucrados resulta determinante la capacidad de las políticas públicas para generar incentivos que promuevan el crecimiento sostenido de la productividad.

Referencias 

FAO (2026). ). FAOSTAT: Índices de producción. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Ferrari, B. y Terré, E. (2025). En la última década el agro argentino creció en producción, pero se evidencian límites en el aumento de la productividad. Informativo Semanal N. 2219. Bolsa de Comercio de Rosario.

OECD. (2016). OECD's Producer Support Estimate and related indicators of agricultural support: Concepts, calculations, interpretation and use (The PSE Manual). Trade and Agriculture Directorate, OECD

OECD (2024). Argentina: Estimates of Support to Agriculture — Definitions and Sources. Trade and Agriculture Directorate, OECD.

Rondinone, G., De Salvo, C. P., Elverdin, P., Lema, D., Gallacher, M., y Jacquet, B. (2025). Análisis de políticas públicas agropecuarias en Argentina 2017-2024.  

Salazar, L., Schling, M., De Salvo, C. P., Martel, P., Rondinone, G., Tadeo Ruesta, D. V., Perez Massard, R. G., Ortiz, M. C., Tellez-Lara, N., Nin Pratt, A., Piñeiro, V., Thomas, T. S., Robertson, R. D., Ortega Diaz, A., Guerrero, A., Laajaj, R., Gáfaro, M., Helfand, S. M., Lima Cavalcanti, F., ... Murguia, J. M. (2025). Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: qué sabemos y hacia dónde vamos.  
 

^/1 En particular, los trabajos de Salazar, L., Schling, M., De Salvo, C. P., & Martel, P. (2025) y Plataforma AGRIMONITOR. Esta última sigue la metodología de Estimados de Apoyo de la OCDE. 
^/2 Se trata de una desagregación que toma el BID siguiendo una periodización propuesta por la OCDE. Esta no responde a cortes por décadas, sino a los sucesivos marcos de política económica del país. Definir los subperíodos según estos regímenes permite vincular la evolución de la productividad con cambios identificables en las políticas comerciales, fiscales y regulatorias que afectaron al sector. 
^/3 La serie de estimaciones de esta metodología abarca el período 1997-2024.
^/4 Es el valor monetario anual de todas las transferencias brutas de los consumidores y contribuyentes, a partir de la aplicación de políticas que respaldan la actividad agropecuaria, deducidos los ingresos presupuestarios asociados.
^/5 Cabe subrayar que se trata de un ejercicio de carácter descriptivo: la coincidencia temporal entre ambas variables no implica una relación de causalidad en este análisis. Se reconoce que sobre la productividad inciden múltiples factores, por lo que el propósito aquí es observar cómo se movieron ambas series en cada etapa, y no atribuir la una a la otra.
^/6 La comparación de los tres países corresponde al Estimado de Apoyo al Productor (EAP) medido como porcentaje del ingreso bruto a nivel finca (Rondinone et al., 2025).
^/7 Es el valor total de los bienes que genera el sector, calculado como la cantidad producida multiplicada por su precio a nivel de finca (OCDE, 2024). Es una medida bruta: no descuenta el consumo intermedio de insumos.
^/8 Para aislar esa asociación de otros factores que inciden sobre la productividad y atenuar problemas de endogeneidad, el BID empleó un modelo econométrico de datos de panel con información de diecisiete países de América Latina y el Caribe durante 1995-2021. En todas las estimaciones, el apoyo se midió como porcentaje del PIB agrícola de cada país.
^/9 Es el valor monetario anual de las transferencias brutas de parte de los consumidores y contribuyentes a los productores agropecuarios.
^/10 Es el valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y contribuyentes a los productores agropecuarios, a partir de la aplicación de políticas que crean una brecha entre los precios del mercado interno y los precios en frontera.
^/11 Corresponde a los pagos presupuestarios a los consumidores otorgados con el propósito específico de compensarlos por los precios que pagan por los productos agropecuarios.