Economía

Principales aspectos que surgen del Proyecto de Ley de Presupuesto General 2022

Javier Treboux
Se dio a conocer el texto del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, que el Poder Ejecutivo Nacional presentará ante la Cámara de Diputados de la Nación.

 

En el nuevo presupuesto se estima un crecimiento del PBI para el año próximo de 4%, contra el 8% de 2021. A su vez, se proyecta una tendencia a la desaceleración hacia los años venideros, con crecimientos proyectados del 3% y del 2% para 2023 y 2024 respectivamente.

El consumo privado se recuperaría un 40% el año próximo, creciendo 4,6% en términos reales, con 2021 cerrando con una suba real del 9%. La inversión crecería un 39,2% en términos nominales, y un 6,6% en términos reales, contra un 31,1% de crecimiento real en 2021. El consumo público crecería en 2022 un 38,9% (+3,1% real), cuando en 2021 presentó un crecimiento real del 5,2%.

Se espera que el año 2021 cierre con un saldo comercial positivo de US$ 12.878 millones. A su vez, para el año 2022 se espera una reducción de este saldo del 27,6%, estimando una balanza positiva de US$ 9.323 millones, por un incremento en las importaciones (+12,3%) que superaría al incremento esperado en las exportaciones (+5,9%). Se espera que, para los años subsiguientes, la balanza comercial se recupere, aunque sin alcanzar los niveles de este año.

Sobre la dinámica del tipo de cambio, la relación peso/dólar para diciembre del corriente sería de 102,4 pesos por cada dólar. Por su parte, el tipo de cambio a diciembre del 2022 sería de 131,1 pesos por dólar; una devaluación implícita del 28%.

La nueva proyección de inflación para el año en curso se ubicó en 45,1%, medido a través del Índice de Precios al Consumidor. A partir de este año, se espera una desaceleración progresiva, con la inflación en 2022 estimándose en 33%, y cayendo hasta el 20% hacia 2024.

Se espera que el año 2021 cierre con un déficit primario en torno a 4% del PBI, en tanto que el déficit financiero alcanzaría el 5,4% del producto. Para el año 2022 se espera que el rojo fiscal se aminore, con un déficit primario que equivalente al 3,3% del PBI de ese año, y un 4,9% de déficit financiero. 

Estas necesidades de financiamiento serán cubiertas mediante la emisión de deuda pública en pesos en el mercado local, adelantos transitorios por parte del BCRA en el marco de los límites establecidos por la normativa vigente, y financiamiento aportado por organismos internacionales. 

Se espera que el financiamiento del BCRA para 2021 alcance 3,6% del producto, pero para el próximo año este número se reduciría a 1,8%. Así, las fuentes de financiamiento del déficit en 2022 serían 1,8% a través de emisión del Banco Central ($1,08 billones), 1,1% con fondos de organismos internacionales ($681.849 millones) y un 2% del producto con títulos públicos ($1,2 billones).

Respecto a los pagos de capital correspondientes al acuerdo Stand-By vigente con el Fondo Monetario Internacional, se espera alcanzar un nuevo acuerdo con condiciones financieras razonables durante el ejercicio 2022 que permita extender los vencimientos de más allá de 2024. Así, el gobierno descuenta un acuerdo con el FMI que libere al Estado de pagar U$S 19.200 millones en vencimientos con el organismo en el año 2022.

Retenciones

En el proyecto indica expresamente en su ARTÍCULO 82: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541 y su modificación por el siguiente: “El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2024”.” 

Este artículo refiere a la LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA (Ley N° 27.541), que en el apartado que se pretende modificar establece la potestad al poder ejecutivo de fijar derechos de exportación, cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB. En el mismo artículo prohíbe superar el 15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota 0% a esa fecha, lo que atañe a las alícuotas para el maíz y el trigo entre otros productos. En la ley original se establecía esta potestad hasta el 31 de diciembre de 2021, plazo que se pretende modificar con esta ley hasta el 31 de diciembre de 2024.