Al igual que cualquier otro agente económico, el Estado toma decisiones respecto de cuanto gastar y cuanto invertir de acuerdo a los ingresos de que dispone. Sus objetivos son prestar los servicios públicos esenciales cuando no exista interesados para hacerlo en el ámbito privado y promover la estabilidad de precios y el crecimiento económico mediante una efectiva gestión de la política fiscal, monetaria, cambiaria, arancelaria, etc. Si bien no existe un consenso definitivo entre los especialistas acerca de cual debe ser el grado óptimo de intervención del Estado en la economía, nadie duda de que el sector público debe llevar a cabo sus tareas tratando de generar la menor cantidad de distorsiones posibles en la economía. En este sentido, es fundamental que el Estado, al igual que todos las empresas e individuos que componen el sistema económico, tenga en cuenta los ingresos de que dispone (y las consecuencias que cada fuente de ingreso genera en la economía) al momento de tomar sus decisiones de gasto e inversión.

La condición de solvencia requiere que el total de gasto público más el pago de intereses sobre el endeudamiento del gobierno no supere a la recaudación impositiva o, en otras palabras, que el superávit primario no sea menor que el monto de intereses a pagar por periodo de tiempo. Si se cumple esta condición, el Estado no incurre en endeudamiento adicional para financiar sus gastos y por lo tanto el stock de deuda actual se estabiliza. Si el Estado incurre en forma persistente en altos déficits fiscales y eleva permanentemente su nivel de endeudamiento, crece la incertidumbre acerca de si podrá afrontar el pago de los compromisos contraídos en el futuro sin tener que devaluar su moneda. 

La financiación de gasto corriente con mayor endeudamiento es una solución de corto plazo dado que traslada la carga del impuesto a las generaciones futuras. El endeudamiento solo debe generarse cuando los fondos puedan ser invertidos en actividades productivas que generen en el futuro los recursos suficientes para pagar la deuda y dejen un beneficio neto positivo que eleve el bienestar de la sociedad.