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Discurso del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Jorge Weskamp

En vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la Bolsa de Comercio de Rosario celebra orgullosa sus 125 años de vida.Cuando aquel grupo de comerciantes rosarinos tuvo, en agosto de 1884, la brillante idea de constituir una institución que canalizara sus afanes de progreso desde una pequeña ciudad del interior, la Argentina ya estaba lanzada, en arrolladora marcha, a ocupar un sitial destacado en un mundo convulsionado por cambios en diversos frentes.

En vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la Bolsa de Comercio de Rosario celebra orgullosa sus 125 años de vida.

Cuando aquel grupo de comerciantes rosarinos tuvo, en agosto de 1884, la brillante idea de constituir una institución que canalizara sus afanes de progreso desde una pequeña ciudad del interior, la Argentina ya estaba lanzada, en arrolladora marcha, a ocupar un sitial destacado en un mundo convulsionado por cambios en diversos frentes.

A partir del momento en que el país se unificó definitivamente poniendo fin a décadas de enfrentamientos, comenzaron a sucederse en forma ininterrumpida los períodos presidenciales en los que cada uno de los mandatarios no vaciló en continuar los planes de sus antecesores. A pesar de hechos dramáticos, como epidemias, guerras externas e internas, plagas, eventos climáticos y revoluciones, no se quebró el orden constitucional. Se garantizó así la continuidad de los programas y obras de gobierno y se brindó un marco de estabilidad para el accionar de la actividad privada. Fue en las postrimerías del decenio de 1870 cuando la Argentina se convirtió en exportadora neta de cereales.

Fieles a las premisas alberdianas, la Constitución Nacional y la política general del gobierno nacional, las autoridades de Santa Fe alentaron la expansión del movimiento de colonización, lo que aumentó la riqueza general. Existía la firme convicción de que la prioridad del Estado era ofrecer las mayores facilidades para que el empresario colonizador y el inmigrante sacaran provecho de las ventajas naturales del suelo.

El desarrollo prodigioso de la colonización se debía a factores que excedían a la pura acción de gobierno: el clima, la calidad de la tierra, su ubicación geográfica y la corriente espontánea de la inmigración. Las políticas públicas adoptadas se enmarcaban dentro de la misma filosofía de gobierno: dejar que el propio desarrollo económico sirviera de principal agente.

Pocos años bastaron para transformar un inmenso territorio prácticamente despoblado, mínimamente explotado, incomunicado interna y externamente en una Nación respetada que pasó a ocupar los primeros lugares en el mundo en la exportación, fundamentalmente de trigo, maíz y lino.

Más que cualquier otro país del Cono Sur, Argentina se aplicó de modo casi total a la economía de exportación, gracias a la cual su población pudo alcanzar un nivel de vida notablemente superior al de las demás repúblicas latinoamericanas.

Cuando se crea el Centro Comercial de Rosario (primera denominación de esta Bolsa), la ciudad tenía 45 mil habitantes y ya era un punto de convergencia de una zona rica y activa, conformada por más de 60 colonias, al que llegaban no sólo los productos sino también las aspiraciones y el espíritu que soplaban desde las colonias agrícolas. El comercio rosarino contaba con un puñado de bancos, dos líneas férreas, un dinámico sistema de comunicaciones postal y telegráfico y un puerto de ultramar que, al decir de Germán Fernández, “había tenido por principal arquitecto a la naturaleza”.

A poco de andar, esa joven entidad se convirtió en el segundo mercado en importancia en la República y su influencia sobrepasó los límites de la ciudad y de la provincia. La Bolsa fue un factor aglutinador y coordinador de relaciones económicas y sociales que contribuyó a la formación de una identidad regional. La institución intervino en la autorregulación del mercado: estableciendo tipos de mercancías, uniformando usos y costumbres mercantiles, concentrando información sobre otras plazas y mercados, practicando justicia arbitral como mecanismo de resolución de conflictos y, básicamente, dando el ámbito adecuado para la libre formación de precios transparentes.

El Primer Centenario sorprende a nuestro país en uno de los momentos más espléndidos de su historia. Existía una clara visión del objetivo hacia el cuál debía llevarse a la Nación y de los caminos y planes para lograrlo. Los esfuerzos públicos y privados se hallaban mancomunados y los resultados se reflejaban en niveles de seguridad, educación, salud y progreso equiparables a los de los países más desarrollados de la época.

El mundo nos miraba con admiración; seguro de nuestro promisorio futuro.

¿Qué nos pasó desde entonces para que, en las vísperas hoy de la conmemoración del Bicentenario, enfrentemos un marco tan distinto y poco alentador? ¿Cómo hicimos para dilapidar todo lo que prometíamos?

Durante el medio siglo posterior a la Segunda Guerra, la Argentina experimentó un comportamiento económico claramente declinante, con escasos y breves períodos de recuperación, cuyos rasgos generales de decadencia no se modificaron nunca. En el balance, el país tuvo un desempeño económico sorprendente por lo negativo. En ese medio siglo, la Argentina ostentó el récord mundial de inflación interanual, una de las más bajas tasas de crecimiento del PBI y del ingreso por habitante del mundo, una exigua participación en el comercio exterior, un elevado porcentaje de su población bajo la línea de pobreza y un fuerte aumento de la proporción de la población activa ocupada en el sector informal.

Ese lamentable desempeño económico se vio acompañado por un no mejor desenvolvimiento en los planos social y político. La segunda mitad del siglo XX y la primera década del presente estuvieron signadas por la figuración de que los procesos de desarrollo son independientes del contexto institucional del país. Ello influyó en el comportamiento de los actores, en la credibilidad y sostenibilidad de las políticas en el tiempo y en el respaldo social que las decisiones públicas generaron. Los continuos ataques contra la seguridad jurídica y económica de los inversores hicieron que éstos dejaran de considerar al país como una plaza atractiva. La riqueza generada, en una buena medida, no se reinvirtió aquí. La puja distributiva agravó las tensiones sociales.

Esa situación tuvo su reflejo en las crisis de las instituciones políticas con alternancia de gobiernos democráticos y militares, las recurrentes crisis fiscales con bancarrotas del Estado financiadas con endeudamiento o con inflación, la falta de acuerdo sobre la estrategia productiva del país y su inserción en el mundo y la ausencia de políticas consensuadas en materia de equidad y distribución del ingreso.

La superación de estos aspectos resulta clave para que el país pueda salir adelante. Sólo en algunos puntos hemos mejorado: el restablecimiento de la democracia desde 1983 fue un gran paso. Sin embargo, han aparecido nuevas formas de inestabilidad política surgidas de la falta de independencia de poderes.

El respeto de la división de poderes no se satisface solamente con la existencia de un Ejecutivo, un Legislativo y un Poder Judicial. Es indispensable, además, que el poder esté repartido entre esos órganos de gobierno, que cada uno respete sus límites de actuación, que funcionen los controles recíprocos y que la Justicia tenga la independencia necesaria para restablecer el equilibrio si alguno de los otros se extralimita.

El desbalance de poder a favor del Ejecutivo es uno de los factores que afecta nuestra calidad institucional. La falta de protagonismo del Congreso en el ejercicio de su espacio de poder no sólo depende del marco legal sino también de la actitud de los legisladores frente al comportamiento del Poder Ejecutivo.

La problemática de la representación es uno más de los ingredientes ligados a la calidad institucional porque afecta la legitimidad de los órganos de decisión. La desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes, que tantas veces olvidan o desoyen el mandato que se les concedió, deteriora su capacidad de dirección y el respeto a sus decisiones.

El país está requerido de diálogos y de consensos que permitan formular políticas de Estado concertadas en los grandes asuntos. Nos referimos a aquellas cuestiones esenciales que deben decidirse con previsiones a largo plazo, que no admiten ser discutidas periódicamente o con cada cambio de gobierno.

La seguridad es una de estas cuestiones. La preservación de la seguridad individual y colectiva constituye la primera razón de ser del pacto social implícito en la existencia del Estado. Sin seguridad física y sin seguridad jurídica los otros derechos y libertades quedan relegados a una abstracción.

Otra de las funciones inalienables del Estado es la prestación de un sistema de salud a la altura del siglo XXI y el aseguramiento de una infraestructura acorde que permita preservar el cuidado sanitario de toda la población. En estas materias no es posible cargar tintas sobre una gestión o sobre una esfera de gobierno, por cuanto las falencias que aquejan al sistema datan de mucho tiempo y las responsabilidades abarcan tanto al orden nacional, como al provincial y municipal.

Sí, hace falta dar pasos firmes y continuados en la implementación de cambios a nivel de las políticas públicas, que impidan que los errores se repitan o que las soluciones pasen únicamente por el voluntarismo y el esfuerzo de algunos. Se requiere de políticas de salud y sanitarias que se sostengan sobre un sistema eficaz y sustentable en el tiempo.

Antes de finalizar con este capítulo, quiero referirme, aunque sea brevemente, a otro de los problemas que está en la raíz de nuestro deterioro social: el quebrantamiento de nuestro sistema educativo.

Sin un nivel de educación comprensivo y de calidad no se puede construir una sociedad justa e integrada. La riqueza de las sociedades y el bienestar de las personas dependen, cada vez más, de la calidad y la cantidad de conocimientos que hayan logrado incorporar y desarrollar. El conocimiento es un capital estratégico para producir la riqueza.

Lamentablemente, la Argentina, que llegó a destacarse como pocas en el orden internacional por su educación, ha ido perdiendo, año tras año, década tras década, generación tras generación, ese aspecto que la distinguió.

Sin una planificación y una acción integral en esta materia, seguirá repitiéndose el conocido ciclo del voluntarismo pedagógico seguido de las etapas de decepción y retorno del pesimismo estéril y paralizante. Por eso, nunca es suficiente insistir en colocar el tema de la educación no sólo en el eje de las políticas sociales sino en el centro mismo de cualquier estrategia exitosa y realista de desarrollo económico nacional.

Enfocando ahora nuestra mira en las circunstancias económicas actuales, vemos con pesadumbre que el desenvolvimiento nacional está fuertemente aquejado por problemas internos que no son diferentes, en su esencia, de los que lo afectaron durante las últimas décadas. Sin dudas que la creciente intromisión del Estado en la economía constituye uno de los dilemas más preocupantes al que lamentable e inadvertidamente nos hemos ido acostumbrando. Esto ha provocado una evidente distorsión de los precios relativos y un enrarecimiento de los mercados que generan equívocas señales para la asignación de los recursos, limitan drásticamente la producción y desalientan notablemente las decisiones de inversión privada. Un caso paradigmático es el del sector agropecuario que, más allá de los hechos de la naturaleza que en los últimos tiempos lo ha castigado duramente, viene soportando una presión impositiva desmedida, controles de precios y restricciones discrecionales en la comercialización interna y externa de sus productos que han socavado la rentabilidad, al punto de tornar inviables muchas empresas y de condicionar la potencialidad del sector.

Todo parece indicar que, por los resultados de las últimas elecciones legislativas y a partir de la incorporación de los nuevos legisladores, soplarían nuevos vientos, que el Congreso Nacional ocuparía espacios de poder que había resignado y que el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a escuchar propuestas de cambios en materia de política económica. De ser así, surge entonces la necesidad de desmantelar algunos mecanismos que tanto daño han causado.

La ONCCA no debería ser más que un organismo de control y fiscalización de cumplimiento de las normas de comercialización agropecuaria para asegurar un marco de transparencia. En cambio, este ente ha desplegado tantas intervenciones innecesarias y traumáticas que sólo ha creado confusión e incertidumbre, ha alterado el funcionamiento de los mercados, ha aumentado notablemente los costos de transacción y ha erosionado la imagen de Argentina como un proveedor fiable de productos básicos. Aspiramos a que prontamente se produzcan las correcciones necesarias para que la ONCCA circunscriba su accionar a las tareas que le son propias.

Creemos que, para alumbrar una salida a las dificultades y sentar las bases de la recuperación, se requieren actitudes de grandeza y desprendimiento capaces de renovar la confianza en las instituciones y abrir instancias que hagan posible el diseño de soluciones de manera consensuada. En el plano institucional, nuestra Bolsa sigue mostrándose como una entidad viva y dinámica que se adapta a las nuevas realidades y procura aportar, dentro de sus objetivos, iniciativas que permitan mejorar y facilitar el comercio en sus múltiples facetas.

Ejemplos de innovaciones de los últimos años han sido la apertura de la División de Derivados Financieros en Rofex que se plasmó en plena crisis del 2002; la creación de una sociedad para administrar fideicomisos con el propósito de desarrollar el mercado regional de capitales; el lanzamiento de un sistema de firma digital para la instrumentación de contratos de compraventa de granos; la puesta en marcha un servicio de información en tiempo real de las variables climáticas que impactan sobre los cultivos, el seguimiento del estado de los mismos y la difusión de estimaciones de siembra y producción; y, recientemente, la creación de un Mercado Ganadero (Rosgan) promoviendo una nueva forma de comercialización de hacienda.

Estas iniciativas señalan una vocación a asumir riesgos y a ejercitar el espíritu emprendedor que siempre ha caracterizado a esta Institución. Es que los 125 años de nuestra historia no nos pesan. Por el contrario, nos enorgullecen y motivan a ser más activos, más creativos, más conscientes de la realidad y permanentes proveedores de medios, herramientas e instrumentos que conduzcan al aumento de la producción, del trabajo y, en definitiva, del bienestar de todos.

En la conmemoración de este aniversario, no puede faltar el reconocimiento a los pioneros. A aquellos visionarios que advirtieron la necesidad de una nueva organización que sumara voluntades y les permitiera expresarse y potenciarse. A esos soñadores idealistas cuyos deseos se fueron concretando con el transcurso del tiempo. A ellos les siguieron otros de sucesivas generaciones que sostuvieron los objetivos de la asociación y los engrandecieron hasta llegar a nuestros días.

A los iniciadores, a los continuadores  y a los socios actuales va nuestro agradecimiento por su permanente aporte y acompañamiento para sostener la llama que a lo largo de 125 años mantiene viva y trascendente a nuestra Institución.